Violencia institucional y violencia machista: Juana Rivas.

Violencia institucional y violencia machista: Juana Rivas.

El caso de Juan Rivas ha sido una de las grandes polémicas de este verano. En los últimos meses hemos visto cómo se han ido polarizando las opiniones en torno a los protagonistas de un episodio que ha puesto en el centro del debate algunos de los temas más importantes de la agenda feminista actual.

Recordemos brevemente los hechos.

En la primavera de 2016 Juana Rivas se marchó de la isla italiana de Carloforte con sus dos hijos. Viajaba en principio de vacaciones, pero la granadina decidió no regresar a la residencia que compartía con Francesco Arcuri, su pareja y padre de sus dos hijos. Sobre este último recae una denuncia por violencia de género pendiente de resolución. Ya en 2009 Arcuri había sido condenado tras declararse culpable por los hechos que se le imputaban a raíz de una primera denuncia de malos tratos interpuesta por Rivas. Arcuri no llegó sin embargo a ingresar en prisión. La pareja se separó después de aquello, pero volvió a reconciliarse años después, tuvieron un segundo hijo y regentaron juntos un hotel en Carloforte. Hasta el año pasado.

Este verano un juzgado de Granada ordenó la devolución de los menores a Italia por considerar ilícita su retención en España. La entrega de los niños a su padre se fijo para el día 26 de julio. Pero nunca llegó a realizarse. Juana Rivas no se presentó y desde entonces se encuentra en paradero desconocido. Mientras tanto, bajo el lema “Juana está en mi casa”, se ha levantado toda una campaña ciudadana en su apoyo.

En las últimas semanas el escándalo se ha visto salpicado además por las declaraciones de Arcuri, que niega ahora haber sido culpable del delito por el que fue condenado en 2009 y acusa a Juana de ser una madre negligente, ausente y que “salía demasiado de fiesta”. La prensa se ha hecho eco de sus declaraciones y hemos visto como en unos pocos días la imagen en los medios de Arcuri pasaba, sin solución de continuidad, de ser la del verdugo maltratador, a la del padre atormentado.

Estos son los hechos, grosso modo.

Algunas reflexiones.

Las denuncias falsas.

En el trasfondo del caso de Juana Rivas se sitúa el sempiterno mito de las denuncias falsas por violencia de género. Da igual cuántos informes publique la Fiscalía General del Estado tratando de poner en su lugar este mito: siempre habrá alguien en Forocoches que tratará de demostrarnos lo contrario. Pero lo cierto es que, para 2015, sólo el 0,0015% de las denuncias por violencia de género se constató como falso. Lo que sí se sabe, en cambio, es que los delitos por violencia de género, al igual que ocurre con algunos otros delitos primos hermanos, como el de violación, abusos sexuales o pederastia, contienen componentes sociales, económicos y psicológicos que los convierten en violencias particularmente difíciles no sólo de demostrar jurídicamente, sino también de identificar y denunciar.

Créditos de la foto: David Marcos Busto / CC BY-NC-SA 2.0

¿Podría ser el caso de Juana Rivas un caso de denuncia falsa? Pues teniendo en cuenta que las estadísticas no acompañan y que Francesco Arcuri, por más que ahora se desdiga, ya fue condenado por malos tratos y violencia doméstica en el año 2009, no parece muy probable. Además, desde un punto de vista ético, es vital no perder de vista esa dimensión característica de estos delitos, que tiende a silenciar y a normalizar este tipo de violencias, dificultando la condena legal de los mismos. En este caso concreto llama además la atención la estrategia clásica de desprestigio como forma de socavar la veracidad de la denunciante, que, en un alarde de originalidad, se ha llevado a cabo mediante acusaciones que se sostienen en una supuesta dejación de la madre a la hora de asumir los roles tradicionales de género (recordemos que Arcuri acusa a su ex pareja de “salir demasiado de fiesta”, entre otras perlas).

Violencia institucional.

El juzgado granadino que decretó el retorno de los menores concluyó en su informe que “las pruebas obrantes no acreditan el peligro que la restitución pueda comportar para los menores”, y añadió que:

Sin desconocer que en los progenitores han existido algunos episodios de violencia doméstica, no consta que los episodios protagonizados por el padre les afectasen directamente a los menores, todo ello sin desconocer lo negativo que para los menores supone presenciar episodios de violencia en el seno familiar.

Algunas lecturas del caso de Juana Rivas han tratado de situar la piedra de toque de la reflexión en dirimir si un maltratador puede ser o no un buen padre. Aquí no hay debate posible: un maltratador nunca será un buen padre. Punto. Los niños aprenden del ejemplo que reciben y una persona que ejerce violencia física o psicológica, abuso de poder, que denigra o que amenaza sistemáticamente a otro ser humano, no puede ser un buen ejemplo de nada. Pero, además, un maltratador (y no olvidemos que Arcuri ha sido condenado como tal) no debería detentar la custodia, ni siquiera temporalmente, de unos niños en disputa porque ello no hace más que consolidar desde un punto de vista institucional un tipo de violencia, la violencia machista, que permea socialmente a todos los niveles. ¿Qué mensaje está transmitiendo a otras víctimas este tipo de actuaciones judiciales? Me refiero a esas víctimas subyugadas, sometidas psicológicamente, aterrorizadas, que están paralizadas de miedo y que, al no denunciar, al no huir, ponen en peligro cada día su vida y la de sus hijos. El único mensaje que puede llegarle es: estás desamparada, no hay nada que podamos hacer por ti, lo único que te queda es aguantar, aguantar, aguantar.

Recordemos ahora que, aún “sin desconocer lo negativo que para los menores supone presenciar episodios de violencia en el seno familiar” y a sabiendas de que entre “los progenitores han existido algunos episodios de violencia doméstica”, el juzgado de Granada consideró que “las pruebas obrantes no acreditan el peligro que la restitución pueda comportar para los menores”. Que un enunciado así sea conforme a la ley es violencia institucional de la peor calaña. Es dejar a miles de mujeres y a miles de niños desprotegidos ante el terror cotidiano que les infunden sus monstruos domésticos.

Créditos de la foto: David Marcos Busto / CC BY-NC-SA 2.0

Desobediencia civil.

A veces parece que se hace necesario señalar obviedades, así que allá vamos. No todo lo que es legal, es justo. No todo lo que es legal, es ético. No con poca frecuencia se producen desajustes entre la norma jurídica y la ética o la justicia. Esos desajustes generan violencia, bien por acción, bien por omisión. Violencias institucionales, tal y como referíamos más arriba, amparadas por la legalidad vigente. La violencia institucional es una de las claves que orientan las políticas totalitarias y dictatoriales, donde la desconexión entre lo ético y lo legal puede llegar a ser completa. Sin embargo, funciona de una manera muy sutil en entornos democráticos, donde sostiene y normaliza de forma activa o pasiva relaciones de poder desiguales.

Ciertamente, en democracia existen mecanismos para corregir esos desajustes. El problema es que son lentos, si es que llegan a activarse, y no pueden movilizarse para que actúen de forma urgente. Y hay casos en los que no es posible esperar. Y si no, que se lo pregunten a Ángela González Carreño, cuya historia es una muestra patente de la violencia institucional endémica que sufren las mujeres que han decidido plantar cara a la violencia machista: su ex marido, 51 veces denunciado, no sólo asesinó a su hija gracias al amparo de las instituciones, sino que además dichas instituciones han obviado radicalmente sus responsabilidades en el crimen. Esa urgencia, compaginada además con una inacción jurídica total, es la que legitima nuestra desobediencia. Como bien señalaba Cristina Fallarás en un artículo reciente al recordar este caso y el de María Salmerón:

Desobedeceré cualquier ley que prohíba los derechos que considero fundamentales, cualquiera que someta a dolor o privaciones a una parte de la población, al silencio, a la discriminación de cualquier tipo.

Desde aquí, pues, llamamos a la desobediencia civil. Desobedezcan. Desobedezcamos invitando a Juana a nuestra casa. Porque lo contrario es injusto, es cruel, es malvado, es criminal y solo engendra sufrimiento. No hay justicia en forzar a unos menores a que permanezcan con un maltratador, desprotegidos: sólo hay perpetuación de normas abusivas, del desamparo social y legal que asiste a mujeres y a niños. No acatemos las normas, no exijamos acatarlas. No seamos normales. Desobedezcamos y convirtámonos en excepcionales.

Créditos foto principal: Paul Lowry via WikiMedia Commons /CC BY-SA 2.0

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